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El viejo penal sampedrano cierra las oscuras páginas de su historia
La penitenciaria Sampedrana tenía capacidad para 800 reclusos, pero albergaba a 3,227 hasta el 27 de febrero pasado
Desde esta cárcel se planificaron asesinatos, fugas y se ordenaron crímenes de impacto, entre otros delitos
San Pedro Sula. Honduras comienza a cerrar hoy las oscuras páginas de un libro que se escribió con sangre, violencia y corrupción en el viejo centro penal sampedrano.
Hacinamiento, venta de drogas, tráfico de armas, violencia y órdenes para ejecutar masacres, secuestros y extorsiones, son solo parte de la podredumbre que ha estado a la orden en uno los recintos penitenciarios más poblados del país.
Como parte del reordenamiento del sistema penitenciario, impulsado por el presidente Juan Orlando Hernández, a partir de este día más de 700 reclusos pertenecientes a la mara MS-13 y pandilla 18 han comenzado a ser trasladados a la cárcel de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara.
Para estos reclusos, el autogobierno y el desorden se acabó.
Hacinamiento
Esta Penitenciaría Nacional funcionó desde hace más de 60 años en el céntrico barrio Cabañas de San Pedro Sula.
El vetusto edificio fue construido a finales de la década de los 40 con el propósito de albergar a un máximo de 800 privados de libertad.
Sin embargo, debido a la falta de planificación y de una política penitenciaria efectiva, este centro penal alcanzó al 27 de febrero pasado una población de 3,227 reclusos, según datos del Instituto Nacional Penitenciario.
Entre estos se contabilizaban 1,268 condenados (1,233 hombres y 35 mujeres) y 1,910 procesados (1,777 hombres y 133 mujeres).
Además, en este centro penal hay 49 privados de libertad extranjeros, de los cuales, 45 son hombres y cuatro mujeres.
Respecto a los miembros de la mara y pandillas, de acuerdo al Instituto Penitenciario ahí guardaban prisión 496 integrantes de la pandilla 18 y 105 pertenecen a la mara MS- 13. El resto son miembros de otras bandas delincuenciales, sumando un total de al menos 700 criminales.
Por su ubicación, el centro penal representa una amenaza latente para los barrios aledaños en la ciudad de San Pedro Sula.
El hacinamiento y la falta de medidas de seguridad hacen además de este recinto una verdadera “bomba de tiempo”.
Asimismo, el reducido espacio y la sobrepoblación impiden que se puedan ejecutar procesos de rehabilitación, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Sistema Penitenciario.
Ante ese panorama sombrío, el presidente Hernández tomó la decisión histórica de iniciar la desocupación gradual del recinto, iniciando de esta manera el masivo traslado hacia El Pozo, cárcel de máxima seguridad que está lista en el sector de Ilama, Santa Bárbara.
Podredumbre
Históricamente esta cárcel ha sido sinónimo de autogobierno, asesinatos, tráfico y consumo de drogas, entre otros ilícitos. Allí eran los miembros de maras y pandillas quienes establecían las reglas a cumplir y el que no se sometía era asesinado.
Los reos han tenido acceso a telefonía celular, armas y hasta explosivos que han sido decomisados en constantes operativos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
Actualmente persisten denuncias de que los custodios cumplen órdenes de los cabecillas de maras y pandillas que les piden ingresar armas, drogas, alcohol y hasta mujeres, algunas de ellas menores de edad, que se quedan durmiendo en esa cárcel.
Con la puesta en vigencia de las reformas impulsadas por el presidente Hernández y aprobadas por el Congreso Nacional el pasado 22 de febrero, el control absoluto de las cárceles estará en manos de las autoridades y no de los reclusos.
